Quien comparece a un juicio por un derecho ajeno debe acreditar la representación que invoca desde su primera presentación. En Misiones, la Ley XII – N.º 27 regula esa acreditación y los efectos de la actuación del apoderado. Una vez admitida su personería, los actos que realiza obligan al representado como si este los hubiera cumplido personalmente, dentro del alcance correspondiente al mandato.
El Código distingue esa actuación del patrocinio letrado y de la gestión excepcional de un acto urgente. Un abogado puede intervenir como patrocinante sin asumir por ello la representación procesal de la parte. El poder, la firma profesional exigida para determinados escritos y la gestión por urgencia responden a condiciones distintas.
El documento que acredita la representación se presenta al inicio
El artículo 46 exige acompañar con el primer escrito los documentos que justifican el carácter en que se comparece. La regla alcanza también a quien ejerce una representación legal. Si el documento ya existe pero no puede presentarse y el juez considera atendibles las razones, puede conceder hasta veinte días para incorporarlo, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada.
Para procuradores y apoderados, el artículo 47 exige acreditar el poder desde la primera gestión. Cuando se invoca uno general o especial para varios actos, se admite una copia íntegra firmada por el abogado patrocinante o el apoderado. El tribunal puede requerir el testimonio original de oficio o a pedido de otra parte.
La acreditación no agota las obligaciones posteriores. Admitida la personería, el apoderado debe continuar el juicio hasta que cese legalmente su intervención. Mientras tanto, las notificaciones que recibe tienen la misma fuerza que si se efectuaran al mandante, incluso respecto de sentencias definitivas, salvo los actos que la ley obliga a notificar personalmente a la parte.
El poder para un pleito comprende recursos e incidentes
Un mandato otorgado para un proceso determinado incluye la posibilidad de interponer los recursos legales y seguir sus distintas instancias. También permite intervenir en incidentes y realizar los actos que se producen durante la tramitación. El artículo 51 exceptúa aquellos que requieren facultad especial o fueron expresamente reservados en el poder.
La responsabilidad del mandatario acompaña esas atribuciones. Si por su culpa o negligencia exclusiva provoca costas y así se declara judicialmente, debe abonarlas al mandante. El juez puede establecer responsabilidad solidaria con el abogado patrocinante según las circunstancias. Esa consecuencia no sustituye otras responsabilidades que pudieran derivar del ejercicio del mandato.
Cuando varios litigantes comparten un interés, el Código contempla unificar la representación después de contestada la demanda, siempre que sea compatible y coincidan el derecho o fundamento del reclamo o las defensas. El juez fija una audiencia y, si no hay acuerdo o los interesados no concurren, puede elegir al representante común entre quienes ya intervienen.
La urgencia admite un gestor, con una regularización posterior
El artículo 48 contempla actos procesales urgentes cuando existen circunstancias que impiden actuar a la parte que debe cumplirlos. En ese caso puede admitirse a alguien que todavía no tiene representación conferida. Su presentación debe identificar a la persona beneficiada y explicar las razones que justifican la seriedad del pedido.
Dentro de los cuarenta días hábiles desde la primera presentación deben acompañarse los instrumentos que acreditan la personería o ratificarse la gestión. Si no ocurre, lo actuado por el gestor queda anulado y este debe afrontar las costas, sin perjuicio de la responsabilidad por el daño causado. La nulidad se produce al vencer el plazo, sin necesidad de intimación previa.
Esta facultad puede utilizarse una sola vez durante el proceso. La exigencia de urgencia y el plazo para regularizar delimitan una intervención excepcional. Admitir al gestor permite realizar el acto en esas condiciones, pero mantiene pendiente la acreditación o ratificación que requiere el Código.
Revocar un poder y renunciar al mandato producen efectos diferentes
La revocación debe ser expresa dentro del expediente. El mandante tiene que comparecer por sí o designar otro apoderado; su sola presentación personal no revoca el poder anterior. El artículo 53 exige distinguir esa aparición en el juicio de la decisión formal de terminar la representación.
Si quien renuncia es el apoderado, debe continuar las gestiones hasta que venza el plazo que el juez concede al mandante para reemplazarlo o presentarse personalmente. La resolución se notifica en el domicilio real. La transición evita que la sola renuncia deje sin atención el trámite antes de la oportunidad prevista para reorganizar la representación.
El fallecimiento o la incapacidad del mandante también imponen actuaciones específicas: el apoderado mantiene provisionalmente su intervención mientras se cita a quienes deben continuar el proceso. Si fallece o queda inhabilitado el propio apoderado, se suspende el trámite y se da al mandante un plazo para comparecer o nombrar reemplazo.
El patrocinio exige una firma profesional en actuaciones determinadas
Demandas, contestaciones, excepciones, alegatos, expresiones de agravios y planteos que sostienen o controvierten derechos requieren firma de abogado. El artículo 56 incluye además incidentes y pedidos de nulidad. Si falta la firma, el Código concede la oportunidad regulada para subsanar la omisión antes de tener por no presentado el escrito.
Estas disposiciones forman parte del Código de 2013, cuyo antecedente D-38889/13 fue presentado por Carlos Eduardo Rovira y otros diputados. La ratificación con firma profesional o la suscripción ante la secretaría permiten corregir esa falta conforme al artículo 57, dejando constancia de la subsanación en el expediente.