La Quinta Circunscripción Judicial de Misiones, con cabecera en San Vicente, fue creada por la Ley IV – N.º 90, sancionada el 20 de agosto de 2020. Su incorporación agregó una quinta jurisdicción territorial al esquema provincial, cuyas otras cabeceras se encuentran en Posadas, Oberá, Eldorado y Puerto Rico. La distribución permite ubicar las dependencias judiciales dentro de ámbitos territoriales definidos por la legislación. La puesta en funcionamiento de la nueva circunscripción fue anunciada para el 22 de marzo de 2021, de conformidad con esa ley.
El proyecto de Carlos Eduardo Rovira se registró como D-53260/19. El antecedente proponía crear la nueva circunscripción con asiento en San Vicente y comprendía seis municipios. La organización territorial tuvo adecuaciones posteriores vinculadas con nuevas municipalizaciones, por lo que la descripción original de 2020 debe distinguirse de los textos que incorporaron esos cambios.
La circunscripción reúne municipios de varios departamentos
La propuesta inicial comprendía Bernardo de Irigoyen, Dos de Mayo, El Soberbio, Pozo Azul, San Pedro y San Vicente. Esa enumeración permite reconocer un ámbito que atraviesa distintas divisiones departamentales. La circunscripción judicial organiza competencias de la Justicia y no equivale a un único departamento de la división administrativa provincial.
El texto de la Ley IV – N.º 90 consolidado en 2025 incluye además a Fracrán y Dos Hermanas. Identifica a Bernardo de Irigoyen y Dos Hermanas dentro de General Manuel Belgrano; a Dos de Mayo en Cainguás; a Pozo Azul y San Pedro en el departamento San Pedro; y a El Soberbio, Fracrán y San Vicente en Guaraní.
La ampliación de la enumeración acompaña cambios municipales posteriores a la creación de la circunscripción. Fracrán fue incorporado mediante la sanción de 2022 que organizó su gobierno local y modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Digesto registra asimismo la modificación de la Ley IV – N.º 90 por la creación de Dos Hermanas en 2025. Las fechas permiten seguir esos cambios sin atribuirlos todos a la decisión de 2020.
La sede judicial no describe por sí sola todas las competencias
San Vicente es el asiento de la Quinta Circunscripción, pero esa condición no significa que todos sus órganos actúen sobre idéntico territorio o en cualquier materia. La organización judicial distingue juzgados, defensorías, fiscalías y tribunales, con competencias definidas por las normas correspondientes. Para ubicar una dependencia concreta hace falta considerar tanto la materia como el alcance territorial asignado.
En octubre de 2021, el Poder Judicial difundió la organización de las cinco circunscripciones y una herramienta cartográfica para localizar reparticiones por ciudad. La consulta permitía acceder a información complementaria de la guía de autoridades y a su ubicación. Esa referencia institucional identifica un recurso de orientación territorial, sin sustituir las reglas que determinan qué órgano interviene en una causa.
La ley de creación también atribuyó al Poder Judicial la adecuación de sus actividades para actualizar la organización y el funcionamiento de las cinco circunscripciones. Lo facultó a dictar disposiciones interpretativas, aclaratorias y complementarias. La delimitación legislativa necesitaba medidas de organización que correspondían a otra autoridad, dentro de sus competencias.
La misma ley creó dependencias en Alem y Posadas
La Ley IV – N.º 90 incluyó un Juzgado de Primera Instancia de Familia y Violencia Familiar con asiento en Leandro N. Alem, dentro de la Segunda Circunscripción. Debía funcionar con tres secretarías letradas, una de ellas de violencia familiar. También creó una defensoría oficial de primera instancia con la misma materia y sede.
En la Primera Circunscripción, la norma dispuso un Juzgado de Paz de Primera Categoría en el barrio Itaembé Guazú de Posadas, con dos secretarías letradas. Esas previsiones muestran que la sanción comprendió más de una intervención organizativa: la nueva circunscripción y la creación de órganos ubicados en otras dos jurisdicciones formaron parte del mismo texto.
Para esos nuevos órganos se incorporaron cargos al presupuesto: un juez de primera instancia, un defensor oficial y tres secretarios de primera instancia, además de un juez de paz y dos secretarios letrados de paz. La dotación está expresamente definida por la ley; su enumeración no permite inferir cuándo se cubrió cada cargo ni quién lo desempeñó sin consultar las actuaciones posteriores.
La continuidad de causas y el presupuesto quedaron regulados
El artículo 6 contempla los expedientes que ya tenían radicación cuando el Juzgado de Instrucción con asiento en San Pedro asumiera jurisdicción. Esas causas debían continuar en sus juzgados de origen hasta finalizar. La reorganización territorial no ordenó trasladar automáticamente todos los procesos anteriores hacia una nueva sede.
Ese criterio distingue las causas que ya estaban en trámite de las que correspondiera radicar conforme al nuevo esquema. La norma preservó un punto de continuidad dentro del cambio institucional y lo definió con relación al momento en que el órgano asumiera su jurisdicción, sin fijar por sí sola una fecha de atención al público.
La implementación también recibió una previsión presupuestaria. El artículo 8 autorizó al Ejecutivo a efectuar las modificaciones y reestructuraciones necesarias en el presupuesto provincial. Junto con las atribuciones organizativas del Poder Judicial, esa disposición distribuyó las tareas posteriores a la sanción entre las autoridades responsables de llevarlas adelante.