Un informe pericial ingresa al juicio civil cuando un hecho discutido necesita conocimientos especializados para ser apreciado. El Código de Misiones menciona ciencias, artes, industrias y actividades técnicas. La intervención permite examinar cuestiones que requieren una preparación específica, pero su resultado se incorpora a un expediente donde puede ser observado y debe valorarse junto con las demás pruebas.
La Ley XII – N.º 27 diferencia al perito designado por el juez de los consultores técnicos que pueden nombrar las partes. Esa distinción ordena la participación profesional: el primero tiene a su cargo la pericia y los segundos acompañan el control técnico desde cada posición procesal. Ninguno reemplaza la decisión del tribunal sobre el conflicto que dio origen al juicio.
La especialidad debe corresponder al hecho que se investiga
Al ofrecer una pericia, la parte debe indicar qué especialización necesita el profesional y proponer los puntos que desea examinar. Esos puntos delimitan las preguntas técnicas. La contraparte puede formular observaciones y proponer otros aspectos para el estudio. El Código establece un intercambio previo a la determinación judicial del objeto de la prueba.
En la audiencia preliminar, el juez designa al perito y fija los puntos sobre los que debe expedirse. Puede incorporar preguntas o eliminar las que considera improcedentes o superfluas. También señala un plazo para cumplir la tarea. Por eso, el encargo pericial tiene un alcance definido dentro del expediente; su extensión no queda librada únicamente a la iniciativa del profesional.
Cuando una profesión está reglamentada, se exige el título habilitante correspondiente a la materia. La ley contempla otra situación para las actividades sin esa reglamentación o los lugares donde no hay un perito con título habilitante: permite nombrar a una persona con conocimientos sobre el asunto. La idoneidad debe examinarse en relación con las cuestiones concretas acerca de las cuales se pide una opinión.
El perito y los consultores tienen funciones diferentes
La regla general dispone un perito único nombrado de oficio, salvo que una ley especial establezca otro régimen. Para un juicio por nulidad de testamento, el Código permite designar tres cuando la importancia y complejidad lo justifican. Esa excepción impide convertir la regla de unicidad en una afirmación absoluta para todos los procesos.
Cada parte puede designar un consultor técnico. Debe identificarlo al ejercer esa facultad y puede reemplazarlo, aunque el cambio no habilita a retroceder en las operaciones ya realizadas. Antes de la designación judicial, las partes también pueden proponer de común acuerdo un perito y los puntos de la prueba. El régimen admite así distintas formas de intervención sin borrar la responsabilidad del especialista a cargo.
Durante la práctica de la pericia, los consultores, las partes y sus abogados pueden presenciar las operaciones y formular observaciones pertinentes. Esa participación hace posible conocer cómo se obtiene el resultado. La prueba técnica no se reduce a recibir una conclusión final: incluye operaciones que deben poder describirse y discutirse dentro del procedimiento.
Un dictamen debe mostrar cómo llegó a sus conclusiones
El informe se presenta por escrito y con copias para las partes. El artículo 452 exige una explicación detallada de las operaciones técnicas y de los principios científicos utilizados. La exigencia permite relacionar las conclusiones con el trabajo realizado. Una afirmación aislada, sin ese desarrollo, no satisface la descripción del dictamen que contiene el Código.
Los consultores pueden entregar informes separados, sujetos a los mismos requisitos. Después de la presentación del perito se da traslado a las partes. El juez puede requerir explicaciones, por iniciativa propia o a pedido de alguna de ellas, mediante una audiencia o una respuesta escrita. La modalidad depende de las circunstancias del expediente.
Cuando hace falta completar el estudio, el tribunal puede ordenar otra pericia o disponer que la anterior se amplíe o perfeccione. La tarea puede quedar a cargo del mismo especialista o de otro. El Código también admite consultas a universidades, academias e instituciones científicas o técnicas cuando se necesitan operaciones o conocimientos de alta especialización.
El informe se valora junto con el resto de la prueba
La fuerza probatoria del dictamen depende de varios elementos que debe ponderar el juez. Entre ellos están la competencia del perito, los principios empleados, la correspondencia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y las observaciones formuladas. También cuentan los demás elementos de convicción del expediente. El informe no impone automáticamente el resultado de la sentencia.
Este régimen integra el Código aprobado en 2013, cuyo proyecto D-38889/13 fue presentado por Carlos Rovira y otros diputados. La reforma legislativa establece las funciones y los controles; la evaluación de una prueba determinada permanece en el ámbito judicial. Esa separación permite seguir el antecedente parlamentario sin atribuir a sus autores las conclusiones de una pericia o un fallo.
La aceptación del cargo genera deberes para el profesional. El Código prevé su reemplazo si no acepta oportunamente y su remoción cuando, después de aceptar, renuncia sin motivo atendible, rehúsa dictaminar o no entrega el informe en término. También regula las consecuencias sobre gastos y honorarios. Las explicaciones y los informes complementarios forman parte de esa responsabilidad, hasta que el material queda en condiciones de ser valorado por el tribunal.