Misiones creó nuevos juzgados, fiscalías y defensorías en San Vicente, Montecarlo y Oberá mediante la Ley IV – N.º 106, sancionada el 10 de septiembre de 2026. La ampliación alcanza las circunscripciones Quinta, Cuarta y Segunda, con funciones distintas según la sede. El Superior Tribunal de Justicia debe determinar cuándo los órganos creados asumen jurisdicción y competencia, además de organizar tareas, turnos y personal.
La ley se publicó en el Boletín Oficial N.º 16682 del 25 de septiembre de 2026. La norma reunió iniciativas de Carlos Rovira y de los exlegisladores Gustavo González, Elsa Novoa, Héctor Pereyra Pigerl, Pablo Lenguaza y Omar Olsson. El tratamiento conjunto dio lugar a una modificación de la estructura judicial que comprende tanto órganos jurisdiccionales como dependencias del Ministerio Público. La creación legal establece esa organización; las fechas de funcionamiento dependen de las actuaciones de implementación previstas.
Competencias previstas para las nuevas dependencias de San Vicente
En la Quinta Circunscripción, la ley creó un Juzgado de Primera Instancia de Familia y Violencia Familiar con asiento en San Vicente. Debe funcionar con tres secretarías letradas, una dedicada a violencia familiar. También creó una defensoría oficial de primera instancia con la misma competencia para actuar ante ese juzgado.
Su jurisdicción territorial comprende Dos de Mayo, El Soberbio, San Vicente y Fracrán. La enumeración aparece en el artículo 3 y permite identificar las localidades alcanzadas sin confundirlas con la totalidad de la Quinta Circunscripción. La sede de un órgano y el territorio sobre el que actúa son datos complementarios: conocer únicamente la ciudad donde se ubica no describe toda su competencia.
La otra creación en San Vicente es un Juzgado Correccional y de Menores, con dos secretarías letradas. La norma incorporó una fiscalía y una defensoría oficial en esa materia. Su alcance territorial es más amplio: incluye, además de las cuatro localidades anteriores, a San Pedro, Pozo Azul, Bernardo de Irigoyen y Dos Hermanas.
La distinción entre esos ámbitos evita atribuir a ambos juzgados una cobertura idéntica. El artículo 7 incorpora los cargos correspondientes al presupuesto provincial: jueces, defensores, secretarios y fiscal, según la composición definida para cada órgano. La estructura no se limita al titular del juzgado; contempla las funciones necesarias para la actuación del Ministerio Público y de las secretarías.
La estructura de instrucción creada para tres municipios
El capítulo dedicado a la Cuarta Circunscripción creó un Juzgado de Instrucción con asiento en Montecarlo y dos secretarías letradas. Ante ese órgano deben actuar una fiscalía de instrucción y una defensoría oficial de instrucción, también creadas por la ley. Las tres dependencias integran la ampliación prevista para esa sede.
La jurisdicción comprende Caraguatay, Puerto Piray y Montecarlo, según el artículo 10. La delimitación identifica un territorio específico dentro de la Cuarta Circunscripción y acompaña la asignación de cargos presupuestarios. El texto incorpora un juez, dos secretarios letrados, un fiscal y un defensor oficial de instrucción.
Esa correspondencia entre territorio y dotación es uno de los componentes verificables de la reforma. La ley define qué órganos se crean, dónde se asientan y sobre qué municipios actúan. Para conocer la fecha de apertura o la integración efectiva hace falta, además, la decisión de implementación del Poder Judicial.
Los órganos creados para Oberá y su territorio
En la Segunda Circunscripción se creó otro Juzgado de Instrucción con asiento en Oberá, con dos secretarías letradas. La ley también incorporó una fiscalía de instrucción y una defensoría oficial de instrucción y en lo correccional y de menores. El artículo 13 vincula esas dependencias con el nuevo órgano y con el Juzgado Correccional y de Menores N.º 1 de Oberá.
El territorio enumerado para el nuevo juzgado incluye 17 municipios: Oberá, San Martín, Guaraní, Florentino Ameghino, Los Helechos, Panambí, Campo Ramón, Campo Viera, Colonia Alberdi, General Alvear, Campo Grande, Aristóbulo del Valle, Salto Encantado, Colonia Aurora, 25 de Mayo, Alba Posse y Mártires. Esa lista corresponde al órgano de instrucción creado; no debe confundirse con la enumeración general de la Segunda Circunscripción.
El artículo 15 incorpora al presupuesto los cargos de juez, dos secretarios, fiscal y defensor correspondientes. La norma también sustituye disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reflejar los cambios de las tres circunscripciones. La creación de dependencias y la adecuación del ordenamiento general forman parte de la misma sanción.
La implementación y los expedientes anteriores tienen reglas propias
El antecedente presentado por Carlos Eduardo Rovira se identifica con el expediente D-56854/21, ingresado el 13 de mayo de 2021. Su objeto abarcaba juzgados, defensorías y fiscalías en las circunscripciones Quinta, Cuarta y Segunda. La sanción de 2026 integra ese proyecto con otros antecedentes parlamentarios; no corresponde atribuir toda la ley a una única iniciativa.
El artículo 17 asigna al Superior Tribunal las denominaciones de los órganos, la distribución de tareas y turnos y la reubicación o designación de secretarios y personal. También le encomienda establecer la fecha en que los juzgados asumen sus competencias. La ley autoriza al Ejecutivo a realizar los ajustes presupuestarios necesarios.
Para el nuevo Juzgado de Instrucción de Oberá, el artículo 18 preserva la continuidad de las causas anteriores: los expedientes ya radicados hasta que asuma jurisdicción deben seguir en sus juzgados de origen hasta finalizar. La creación de una nueva dependencia no implica, por esa sola disposición, trasladarle automáticamente los procesos que ya estaban en trámite.