La prueba de informes en el juicio laboral de Misiones debe apoyarse en documentos, archivos o registros de la persona u organismo requerido. El artículo 148 de la Ley XIII – N.º 2 permite solicitarla a oficinas públicas, escribanos con registro y entidades privadas, siempre sobre hechos concretos, individualizados y controvertidos. La respuesta tiene que provenir de antecedentes que el informante posee en esas condiciones.
El Código también regula la prueba documental y la intervención de terceros que tienen elementos necesarios para el juicio. Obtener un informe y acompañar un documento son actuaciones diferentes, aunque puedan referirse al mismo hecho. Cada medio mantiene sus requisitos, sus oportunidades de producción y las posibilidades de control que corresponden a las partes.
El pedido debe ajustarse a lo que el tribunal ordenó
Los oficios para solicitar informes, certificados, testimonios o expedientes deben transcribir la resolución que los dispone y el plazo fijado para remitir la respuesta al juzgado y su secretaría. Los firma, sella y diligencia el abogado apoderado o patrocinante. La intervención profesional no permite ampliar el objeto definido por el tribunal.
El artículo 150 prevé responsabilidad disciplinaria cuando el profesional se aparta de la providencia o de las formas legales al redactar el oficio. Esa exigencia conserva la correspondencia entre la prueba admitida y la información efectivamente solicitada. El destinatario debe poder identificar qué se le requiere y en qué expediente tiene que responder.
La prueba informativa no puede utilizarse manifiestamente para sustituir o ampliar otro medio que corresponda por ley o por la naturaleza de los hechos. Si el requerimiento es procedente, la negativa a informar solo puede fundarse en una causa justa de reserva o secreto, que debe comunicarse al juez dentro del plazo del artículo 149.
El diligenciamiento tiene cargas para quien ofreció la prueba
Las partes deben librar los oficios dentro de los cinco días desde que queda firme la apertura a prueba y acreditar su diligenciamiento dentro de los diez días posteriores a su emisión. El artículo 151 establece el apercibimiento de tener por desistida la prueba si no se cumple esa carga. Solicitarla y obtener la orden judicial no completan su producción.
Cuando hace falta reiterar un oficio, la parte puede hacerlo sin un pedido previo al tribunal, transcribiendo la disposición que habilita esa actuación. El informe debe estar incorporado al cerrarse la etapa probatoria. La respuesta pendiente tiene, por tanto, un límite temporal dentro del recorrido de la causa.
Estas obligaciones se vinculan con el sistema de producción de la prueba del Código. El expediente necesita registrar el envío y recibir la contestación para que el contenido pueda examinarse. El trabajo de diligenciamiento tiene un responsable procesal identificado y consecuencias previstas ante su incumplimiento.
Una respuesta puede controlarse mediante sus antecedentes
La contraparte puede solicitar que un informe se complete o se ajuste a los hechos sobre los que debía pronunciarse. Si impugna su falsedad, el artículo 153 permite requerir copias o la exhibición en audiencia de los asientos contables, documentos y antecedentes que respaldan la contestación. El control se dirige al soporte de la información incorporada.
El planteo de falsedad debe formularse dentro del tercer día de la notificación por ministerio de la ley de la providencia que agrega el informe. Cuando una entidad privada incumple sin justificación el requerimiento de antecedentes, el tribunal puede imponer sanciones conminatorias en favor de quien ofreció la prueba, en las condiciones que establece la norma.
Esta revisión del informe es distinta del desconocimiento de un documento acompañado al juicio. El Código diferencia ambos procedimientos y regula, además, la redargución de falsedad de un instrumento público. Identificar el objeto del cuestionamiento permite reconocer qué trámite y qué prueba corresponden.
Los documentos en poder de terceros tienen un régimen propio
Quien posee documentos esenciales para resolver el litigio debe remitirlos, exhibirlos o indicar el protocolo o archivo donde están sus originales. El juez puede ordenar su presentación en audiencia o el envío de copias dentro del plazo que señale. La obligación alcanza elementos que se encuentran fuera de la disponibilidad de las partes.
El tercero puede oponerse si el documento es de su propiedad exclusiva y su exhibición le ocasionaría perjuicio. Debe explicar esa oposición por escrito ante el juez. El artículo 154 establece que, formulada la oposición en esas condiciones, no puede insistirse en el requerimiento.
Si se niega la firma o el contenido de un documento, corresponde la comprobación por perito calígrafo prevista en el artículo 155. Cuando lo firmó una persona ajena al litigio, puede citarse a su reconocimiento en audiencia. Según las circunstancias, también se admite un oficio acompañado del documento, conservando una copia autenticada en el expediente.
El instrumento público exige un planteo fundado de falsedad
La redargución se tramita mediante un incidente que debe promoverse dentro de los diez días de la impugnación. Deben identificarse los elementos cuestionados y ofrecerse las pruebas de la falsedad. El funcionario público que extendió el instrumento también interviene como parte de ese incidente.
La regulación pertenece al Código cuya reforma de 2013 fue precedida por el proyecto D-38891/13, de Carlos Eduardo Rovira y otros diputados. Admitido el planteo de falsedad del instrumento público, el juez suspende el pronunciamiento definitivo para resolver el incidente conjuntamente con la sentencia, conforme al artículo 156.