El 27 de octubre de 2022, la Cámara de Representantes de Misiones sancionó la creación del municipio de Fracrán, en el departamento Guaraní. La decisión incluyó un esquema para organizar sus instituciones hasta la asunción de autoridades electas y un mecanismo de aportes provinciales. Con esa incorporación, el artículo que enumeraba los municipios misioneros pasó a registrar 78 gobiernos locales.
La sanción lleva las firmas de Carlos Eduardo Rovira, entonces presidente de la Cámara, y de José Gabriel Manitto, secretario legislativo a cargo del Área Parlamentaria. La creación fue una decisión del cuerpo legislativo. Su puesta en práctica requería actuaciones del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de las autoridades electorales, con competencias distribuidas por la misma ley.
Una transición hasta la elección de autoridades propias
La norma encomendó al Ejecutivo designar un interventor organizador. Su tarea comprendía la preparación jurídica, política, contable y administrativa del nuevo municipio. El mandato transitorio se extendía hasta la asunción de las autoridades elegidas, y la convocatoria municipal debía realizarse junto con los comicios provinciales previstos para 2023.
El interventor podía percibir las tasas y contribuciones necesarias para establecer las bases de la administración, con las obligaciones determinadas por la Ley Orgánica de Municipalidades. También se lo facultó a celebrar convenios con los intendentes de San Vicente y El Soberbio para transferir ingresos e información. La organización requería definir cómo continuarían funciones que hasta entonces se encontraban encuadradas en otras jurisdicciones.
La ley estableció a Fracrán como municipio de segunda categoría hasta la realización del siguiente censo nacional. Esa previsión formaba parte del régimen de creación y debe ubicarse en su momento histórico. La clasificación transitoria y la convocatoria electoral regulaban cuestiones diferentes: una refería al encuadre municipal y la otra, al paso hacia autoridades elegidas por la población.
Los límites legales debían materializarse en el territorio
El artículo 2 fijó una descripción territorial apoyada en parcelas, planos de mensura, calles y otros puntos de referencia. La delimitación incorporó tramos relacionados con la ruta nacional 14 y la ruta provincial 15, entre numerosas referencias catastrales. Esos datos definían el espacio sobre el que debía organizarse la nueva administración.
A continuación, el artículo 3 facultó al Ejecutivo a realizar aperturas de rumbos y colocar mojones para determinar puntos fijos, deslinde y superficie. También autorizó adecuaciones ante variaciones de los límites. La descripción normativa debía vincularse con operaciones de demarcación en el terreno, necesarias para establecer la división administrativa de manera definitiva.
Una vez materializados los límites y determinada la superficie, correspondía remitirlos a la Cámara para las adecuaciones normativas. El procedimiento articulaba trabajo territorial y decisión legislativa. La ley también modificó las disposiciones generales sobre ejidos municipales, para incorporar a Fracrán y ajustar las descripciones alcanzadas por el nuevo ordenamiento.
Una comisión con vecinos y representantes de los poderes públicos
La transición contó con una Comisión Asesora para el ordenamiento institucional. Debía colaborar con el interventor y asistir en la reorganización de las instituciones dentro del nuevo ejido y de los municipios afectados. Entre sus funciones figuraba acompañar medidas relacionadas con la competencia territorial de la Quinta Circunscripción Judicial.
La integración prevista reunía representantes de las áreas pertinentes del Ejecutivo, del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas. El Legislativo participaba con tres diputados: dos por la mayoría y uno por la minoría, según el criterio electoral establecido. Se sumaban tres ciudadanos residentes en Fracrán, incorporando participación local a la estructura de asesoramiento.
La comisión tenía que reunirse al menos una vez por mes, registrar los temas tratados en un acta y dejar definido el orden del día siguiente. Podía dictar su reglamento y facilitar acuerdos entre instituciones. Su funcionamiento concluía con la asunción de las autoridades municipales electas, al igual que la etapa transitoria que debía acompañar.
Financiamiento y justicia de paz dentro de la misma creación
El Ejecutivo quedó facultado para establecer un aporte mensual según la población y otros indicadores de distribución. La ley dispuso que se sostuviera excepcionalmente con Rentas Generales, mediante los recursos indicados por el régimen provincial, sin afectar la coparticipación municipal entonces existente hasta la sanción de uno nuevo. Las transferencias debían seguir las condiciones y los plazos previstos en la legislación citada.
En materia judicial, se creó un Juzgado de Paz de Segunda Categoría con asiento en Fracrán y dos secretarías letradas, dentro de la Quinta Circunscripción. La norma incorporó al presupuesto un cargo de juez de paz y dos de secretario letrado. Al Superior Tribunal de Justicia le correspondía distribuir tareas y turnos, designar secretarios y personal y determinar cuándo asumiría jurisdicción y competencia.
La creación legal del juzgado y el inicio de su actividad eran, por lo tanto, decisiones de etapas distintas. La ley asignó expresamente al Superior Tribunal la determinación de esa fecha. Su sanción no permite fijar por sí sola el día en que comenzó a atender, ni atribuirle un volumen de trabajo sin otros registros.
El nuevo municipio también quedó incorporado al departamento Guaraní junto con San Vicente y El Soberbio en la enumeración provincial. Las adecuaciones alcanzaron la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Quinta Circunscripción. Para ejecutar esas disposiciones, el artículo 23 autorizó al Ejecutivo a realizar modificaciones y reestructuraciones en el presupuesto provincial.