Una sentencia civil firme puede necesitar un nuevo tramo de actuación judicial para obtener su cumplimiento. En Misiones, la ejecución de sentencias procede a pedido de parte cuando la resolución está consentida o ejecutoriada y venció el plazo concedido para cumplirla. La Ley XII – N.º 27 regula ese recorrido y admite ejecutar los importes correspondientes a una parte firme de la condena, aunque otros puntos continúen recurridos.
Para la ejecución parcial se exige un testimonio que identifique el rubro consentido y su firmeza. Si ese requisito ofrece dudas, el juez debe denegar el testimonio. La previsión del artículo 467 permite delimitar con precisión qué parte de la sentencia puede avanzar hacia el cumplimiento y cuál sigue sometida a revisión.
El importe debe surgir de la sentencia o de una liquidación
Cuando existe una cantidad líquida y determinada, o una liquidación aprobada, la parte interesada puede pedir el embargo conforme a las reglas correspondientes. El monto no necesita aparecer siempre escrito como una cifra en la sentencia: el artículo 470 considera suficiente que pueda obtenerse de ella mediante la liquidación.
Si la condena incluye una parte líquida y otra todavía pendiente de cálculo, puede ejecutarse la primera sin esperar la determinación de la segunda. Esa separación permite avanzar sobre el importe definido. La existencia de otro rubro ilíquido no obliga a postergar todo el cumplimiento hasta completar ambos cálculos.
Las bases fijadas en la sentencia orientan la liquidación. Si quien obtuvo el fallo favorable no la presenta dentro de los diez días desde que la resolución es ejecutable, el vencido puede hacerlo. Una vez presentada, se da traslado por cinco días a la otra parte. El cálculo queda así sometido a conformidad u objeciones dentro del expediente.
Cuando hay impugnación, se aplican las reglas de los incidentes. Si existe conformidad o transcurre el plazo sin respuesta, la ejecución continúa por la suma resultante. El Código también permite al acreedor solicitar una intimación al pago cuando se trata de un importe líquido o de una liquidación aprobada.
Las defensas se limitan a supuestos determinados
Después del embargo, se cita al deudor para la venta de los bienes y se abre el plazo previsto para oponer y probar excepciones. El artículo 474 admite falsedad o prescripción de la ejecutoria, pago y quita, espera o remisión. El régimen no convierte esta etapa en una nueva discusión general de todo lo que ya fue resuelto.
Esas defensas deben apoyarse en hechos posteriores a la sentencia o al laudo. La prueba está limitada a las constancias del juicio o a documentos provenientes del ejecutante, que deben acompañarse al planteo. Si los documentos exigidos no se presentan, el juez rechaza la excepción sin sustanciarla, conforme al artículo 475.
Si no se formula oposición en término, se ordena continuar la ejecución. Si la hay, corresponde dar traslado al ejecutante y resolverla. La admisión de una excepción produce el levantamiento del embargo; su rechazo permite que avance el procedimiento. Las vías recursivas de esta etapa tienen los efectos específicos que establece el Código.
El cumplimiento se adapta a la obligación impuesta
El juez puede establecer o adecuar las modalidades de ejecución a pedido de parte, siempre dentro de los límites de la sentencia. La atribución del artículo 479 se refiere a la manera de cumplir lo decidido. El objeto y el alcance de la condena siguen determinados por el fallo que se ejecuta.
Una condena a escriturar debe prever que, si el obligado no cumple en el plazo fijado, el juez suscribirá la escritura por él y a su costa. Cuando el contrato no identifica al escribano, la escritura se otorga ante el registro del profesional propuesto por el ejecutante. El tribunal dispone además las medidas complementarias necesarias.
Si la condena exige hacer algo y se incumple, el acreedor puede optar por que la tarea se realice a costa del obligado o por reclamar los daños derivados de la inejecución. La norma contempla también la imposibilidad de cumplimiento y las sanciones conminatorias que correspondan. La determinación de daños debe seguir el procedimiento fijado para ese supuesto.
En las obligaciones de no hacer, la violación permite pedir la reposición de las cosas a su estado anterior cuando sea posible, a costa del deudor, o la indemnización. Si la condena consiste en entregar una cosa, el Código prevé el mandamiento correspondiente y, cuando la entrega no puede cumplirse, el equivalente de su valor con los daños que procedan.
Acuerdos y honorarios también pueden dar lugar a ejecución
El mismo título del Código comprende transacciones y acuerdos homologados, multas procesales y honorarios regulados como costas. La competencia corresponde a los jueces que identifica el artículo 469: quien dictó la sentencia, otro territorialmente competente si el objeto lo exige o quien intervino en el proceso principal cuando existe conexión directa entre causas sucesivas.
La reforma de 2013, precedida por el proyecto D-38889/13 de Carlos Eduardo Rovira y otros diputados, incluye estas reglas de ejecución en el ordenamiento procesal provincial. Cuando las liquidaciones son especialmente complejas o requieren conocimientos específicos, el artículo 484 contempla su resolución por peritos árbitros o, con acuerdo de las partes, por amigables componedores.