La prueba anticipada en Misiones está prevista para situaciones en las que esperar hasta la etapa probatoria puede volver imposible o muy difícil obtener un elemento necesario para el juicio. El artículo 328 de la Ley XII – N.º 27 contempla, entre otros supuestos, testimonios de personas gravemente enfermas o próximas a salir del país y reconocimientos destinados a dejar constancia del estado de una cosa o un lugar.
El pedido requiere motivos justificados. Quien ya es parte o prevé que lo será en un proceso de conocimiento debe explicar por qué esa prueba necesita producirse antes. El tribunal examina las razones y dispone el procedimiento correspondiente, con participación de la futura contraparte o, cuando la urgencia impide citarla, del defensor oficial.
Preservar una prueba exige identificar el riesgo de esperar
La edad muy avanzada, una enfermedad grave o una próxima ausencia del país son las circunstancias que el artículo 328 enumera para anticipar una declaración testimonial. La posibilidad se vincula con la dificultad futura de recibir ese testimonio. No basta con preferir una fecha anterior a la etapa ordinaria: debe existir el temor justificado que exige la norma.
También pueden solicitarse un reconocimiento judicial o un dictamen pericial para constatar documentos o las condiciones de cosas y lugares. La diligencia permite incorporar una constatación en el momento en que todavía puede realizarse. El régimen incluye, además, pedidos de informes cuando concurren las razones previstas para anticipar su producción.
Después de trabada la controversia entre las partes, la posibilidad no desaparece. El artículo 330 la conserva por las razones de urgencia del artículo 328, sin perjuicio de las facultades instructorias del juez. El avance del expediente cambia el momento procesal, pero no vuelve innecesario justificar el riesgo que motiva la anticipación.
Preparar la demanda tiene otros supuestos
Las diligencias preliminares del artículo 325 cumplen una función más amplia. Puede pedirlas quien pretende demandar o quien tiene fundamentos para prever que será demandado. Entre ellas figura la declaración jurada sobre un hecho relativo a la personalidad de la futura contraparte, cuando sin esa comprobación no es posible iniciar el juicio.
El Código contempla asimismo la exhibición de una cosa mueble que será objeto de una acción real, de un testamento que el interesado no puede obtener sin acudir a la Justicia o de documentación de una sociedad o comunidad. Cada medida responde a un supuesto identificado. Su alcance no se extiende automáticamente a cualquier información que una persona quisiera conocer antes de litigar.
Hay previsiones para determinar a qué título se ocupa la cosa sobre la que versará una demanda, constituir un domicilio cuando el eventual demandado saldrá del país y citar al reconocimiento de la obligación de rendir cuentas. La enumeración también incluye mensura judicial y reconocimiento de mercaderías. La medida solicitada debe corresponder al proceso que se pretende preparar.
El escrito y la citación permiten controlar la diligencia
El pedido debe identificar a la futura parte contraria, indicar su domicilio si se conoce y desarrollar los fundamentos de la solicitud. El juez accede si considera justificadas las causas; en caso contrario, la rechaza de oficio. El artículo 329 admite apelar únicamente la resolución que deniega la diligencia.
Cuando se produce prueba, corresponde citar a la contraparte. La intervención del defensor oficial está prevista para el caso en que esa citación sea imposible por razones de urgencia. La excepción preserva una forma de control dentro de una actuación que debe realizarse antes de la oportunidad ordinaria.
La producción sigue las reglas de cada medio probatorio. En la pericia anticipada, el Código dispone un único perito nombrado de oficio. Esta previsión organiza la diligencia concreta; el valor que luego se asigne a sus resultados depende de su incorporación y examen dentro del proceso, junto con los restantes elementos que correspondan.
Las órdenes de exhibición tienen condiciones de cumplimiento
El juez determina cuándo, dónde y de qué modo se exhiben las cosas o los instrumentos. Si quien recibe el requerimiento no los posee, debe indicar, cuando lo sabe, dónde se encuentran o quién los tiene. La respuesta permite continuar la diligencia sobre un objeto o documento identificable.
Para la declaración jurada relativa a la personalidad, la notificación debe entregar el interrogatorio. Si no se responde dentro del plazo, se consideran ciertos los hechos formulados de manera afirmativa, sin perjuicio de la prueba en contrario que pueda producirse al comenzar el juicio. La consecuencia está delimitada por el artículo 326.
El incumplimiento injustificado, la información falsa y el ocultamiento o destrucción de elementos requeridos pueden generar sanciones. El artículo 331 prevé multas y medidas para hacer efectiva la exhibición, además de otras responsabilidades. La orden judicial impone una obligación concreta a quien debe aportar el elemento solicitado.
Algunas medidas requieren presentar la demanda dentro de un plazo
Como regla, las diligencias pedidas por quien pretende demandar no pueden invocarse si la demanda no se presenta dentro de los treinta días de su realización. El artículo 325 establece excepciones para la prueba anticipada y para las medidas de mensura, rendición de cuentas y reconocimiento de mercaderías que identifica.
La regulación integra el Código de 2013, cuyo proyecto D-38889/13 fue presentado por Carlos Eduardo Rovira junto con otros diputados. Cuando el reconocimiento es ficto en los supuestos previstos, el plazo comienza desde que queda firme la resolución que lo declara. Esa fecha completa el régimen de utilización de las diligencias preparatorias dentro del juicio posterior.