La audiencia de conciliación laboral en Misiones tiene una doble función: procurar un acuerdo y organizar el trámite de aquello que sigue en discusión. El artículo 85 de la Ley XIII – N.º 2 exige la participación personal del juez y la comparecencia de las partes con asistencia letrada. Si el entendimiento es parcial, el acta debe precisar qué cuestiones quedan pendientes para continuar el proceso.
Esa audiencia se convoca después del intercambio inicial de demanda y contestación. Los escritos delimitan el reclamo, las defensas y la prueba ofrecida. El Código regula qué información debe presentarse en cada oportunidad y qué puede ampliarse después, antes de que el tribunal intente conciliar y determine cómo seguirá la causa.
La demanda debe identificar el reclamo y sus fundamentos
El artículo 76 exige una presentación escrita con los datos del demandante, la identificación del demandado y el objeto de la acción. Deben explicarse los hechos y el derecho invocados, además de discriminarse el monto reclamado. Cuando no es posible precisar ese importe, puede diferirse su determinación a la prueba pericial o a la estimación judicial.
La prueba se ofrece en esa misma presentación. Los instrumentos disponibles deben acompañarse; los que no están en poder del actor tienen que individualizarse, indicando su contenido y ubicación en la medida de lo posible. El pedido debe formularse de manera clara, para que la contraparte pueda reconocer qué se pretende y sobre qué hechos deberá responder.
Si hay defectos u omisiones, el juez ordena corregirlos dentro del plazo previsto antes de dar traslado. Cuando su competencia no resulta clara, puede requerir explicaciones al actor. Presentada la demanda en forma legal, se cita al demandado para contestar en diez días, con las ampliaciones que correspondan por la distancia del diligenciamiento.
La contestación debe pronunciarse sobre cada hecho
El demandado tiene que reconocer o negar expresamente los hechos expuestos. El silencio, las respuestas evasivas o una negativa general pueden valorarse como reconocimiento de los hechos a los que se refieren. El artículo 80 exige además plantear las defensas y excepciones y ofrecer toda la prueba correspondiente.
Si formula una reconvención, debe hacerlo en esa oportunidad y sus pretensiones tienen que derivar de la misma relación laboral. El Código también limita las excepciones que pueden tratarse como previas a incompetencia, falta de personería, litispendencia y cosa juzgada. Negar la naturaleza laboral del vínculo al contestar no basta para obtener una declaración de incompetencia por esa sola razón.
La contestación se traslada al actor. Este puede ampliar su prueba respecto de hechos que no había alegado y que surgen de la respuesta, dentro de los límites del artículo 83. No puede modificar allí el relato ni la petición de su demanda. La documental conserva sus reglas de presentación, con las excepciones previstas para documentos posteriores o antes desconocidos.
La presencia en la audiencia tiene obligaciones concretas
Una vez contestado ese traslado o vencido su plazo, el juez debe convocar a la audiencia dentro de los veinte días. La citación se practica con la anticipación mínima establecida y en los domicilios previstos. Las personas jurídicas pueden actuar mediante su representante o una persona designada, debidamente instruida y acreditada, que las obliga por lo que acuerde.
La concurrencia es obligatoria. La ausencia injustificada puede ser sancionada con multa, y la falta de una parte no libera a su apoderado de asistir y cumplir los actos procesales correspondientes. La incomparecencia tampoco suspende automáticamente la audiencia: el Código exige, para la excepción prevista, un acuerdo comunicado al juzgado con la antelación que establece.
La participación personal del juez está exigida bajo pena de nulidad. Durante el intento conciliatorio puede escuchar, formular apreciaciones y proponer alternativas sin que eso implique prejuzgar. La conducción de esa instancia permite explorar un entendimiento antes de avanzar hacia la prueba o la sentencia.
El acuerdo necesita una homologación fundada
Lo convenido debe incorporarse detalladamente al acta. Para homologarlo, el juez tiene que fundar que no afecta derechos irrenunciables del trabajador. La homologación produce efectos de cosa juzgada. Alcanzar un acuerdo y obtener esa resolución son, por lo tanto, actuaciones relacionadas que el régimen distingue.
Si la conciliación abarca solo una parte del conflicto, el acta identifica las cuestiones que continúan abiertas. El incumplimiento del acuerdo homologado remite al procedimiento de pronto pago previsto por el Código. La delimitación del contenido acordado resulta necesaria para reconocer qué obligación puede exigirse por esa vía.
Cuando no hay acuerdo total, el juez puede pasar a cuarto intermedio o convocar otra audiencia conciliatoria, incluso más adelante en el proceso. El artículo 86 aclara que esa decisión no interrumpe ni suspende la causa ni el plazo para dictar sentencia. La nueva oportunidad de diálogo convive con la continuidad del juicio.
Los hechos controvertidos determinan la apertura a prueba
Si subsisten hechos que deben demostrarse, el juez abre la etapa probatoria, ordena los medios admitidos, resuelve impugnaciones y elimina la prueba improcedente, superflua o dilatoria. En la misma audiencia corresponde designar peritos y fijar los puntos de pericia cuando proceda. Las partes reciben una copia certificada del acta.
Estas disposiciones integran el Código cuya reforma de 2013 tuvo como antecedente el proyecto D-38891/13, de Carlos Eduardo Rovira y otros diputados. Si la cuestión resulta de puro derecho, el procedimiento continúa por la vía específica del artículo 84, con alegaciones y sentencia, sin abrir una etapa probatoria innecesaria para ese supuesto.