La audiencia preliminar concentra decisiones que ordenan el recorrido de un juicio civil en Misiones. Allí se puede alcanzar un acuerdo, determinar que el asunto está listo para una sentencia o precisar qué hechos necesitan demostrarse. El artículo 362 del Código Procesal Civil, Comercial, de Familia y Violencia Familiar coloca esa instancia antes de la producción de la prueba, cuando ya están planteadas las posiciones que debe resolver el tribunal.
Su función se entiende a partir de una distinción cotidiana en los expedientes: dos partes pueden discrepar sobre lo que ocurrió, sobre las consecuencias jurídicas de lo ocurrido o sobre ambas cosas. El trabajo de la audiencia consiste, entre otras tareas, en reconocer esas diferencias. De esa decisión depende que resulte necesario escuchar testigos, requerir una pericia o continuar hacia el pronunciamiento sin abrir una discusión probatoria que no corresponde.
El acuerdo puede abarcar el conflicto antes de llegar a sentencia
La primera tarea prevista es invitar a una conciliación u otra forma de finalización del proceso que las partes acuerden en la audiencia. Si se alcanza ese resultado, se labra un acta y el juez interviene en su homologación. El Código reconoce a ese acuerdo homologado efectos de cosa juzgada material y prevé su ejecución por el procedimiento de ejecución de sentencias.
La homologación tiene, por lo tanto, consecuencias procesales. El acuerdo deja de ser una conversación ajena al expediente: queda incorporado a una actuación judicial y puede dar lugar a un procedimiento para exigir su cumplimiento. Esto explica por qué la audiencia reúne a quienes sostienen las pretensiones con la autoridad que conduce el trámite. La posibilidad de conciliar integra el diseño del proceso desde una instancia expresamente regulada.
Cuando no se logra finalizar el litigio, corresponde examinar si la cuestión puede resolverse como de puro derecho. Esa expresión identifica un supuesto en el que el tribunal puede decidir sin desarrollar la etapa de prueba prevista para hechos controvertidos. La causa queda entonces concluida para sentencia. La falta de acuerdo no obliga, por sí sola, a producir todas las pruebas ofrecidas.
Los hechos que requieren prueba deben quedar delimitados
Si la causa necesita avanzar, el juez fija los hechos articulados por las partes que resultan conducentes para decidir. Esos hechos definen sobre qué debe versar la prueba. El Código vincula así la actividad posterior con los planteos del expediente: los medios probatorios tienen que servir para esclarecer cuestiones pertinentes al conflicto, dentro de las reglas que lo encuadran.
El artículo 366 completa ese criterio. Impide producir prueba sobre hechos que no fueron articulados en los escritos respectivos y excluye la que resulte manifiestamente improcedente, superflua o destinada únicamente a dilatar. La decisión sobre admisibilidad tiene un efecto práctico: evita que el expediente acumule actuaciones desconectadas de las cuestiones que el tribunal debe resolver.
En la audiencia, las partes pueden manifestarse acerca de las cuestiones previstas por los artículos anteriores y el juez debe resolverlas en ese acto. También corresponde proveer las pruebas ofrecidas que se consideren admisibles y conducentes. Esa concentración de decisiones permite saber qué medios continúan y sobre qué hechos deben trabajar quienes intervienen después, incluidos testigos y especialistas.
Las necesidades probatorias pueden modificar la audiencia
El artículo 362 contempla una situación específica: que el juez advierta exigencias probatorias especiales para alguna de las partes. Debe hacerlo saber y suspender la audiencia. Las partes cuentan entonces con la posibilidad de ampliar su ofrecimiento dentro del plazo que fija la norma. La previsión introduce una oportunidad procesal identificable antes de continuar con las medidas correspondientes.
La prueba testimonial debe concentrarse, cuando sea posible, en una sola audiencia. El Código prevé la presencia del juez y admite que esa obligación se delegue únicamente en el secretario. La distribución de funciones queda determinada por la ley; la organización de las declaraciones se conecta con el criterio general de reunir actuaciones que pueden realizarse conjuntamente.
La incomparecencia de una o de ambas partes no impide que el procedimiento de la audiencia preliminar se lleve adelante. También se establece que quienes intervienen no pueden ser interrogados sobre lo acontecido allí. Son reglas diferentes: una se refiere a la continuidad del trámite y la otra delimita el tratamiento posterior de lo sucedido durante esa instancia.
La reforma de 2013 y las decisiones posteriores a la audiencia
El Código corresponde a la Ley XII – N.º 27, sancionada el 10 de octubre de 2013. Su antecedente legislativo incluye el expediente D-38889/13, presentado por Carlos Eduardo Rovira junto con otros diputados. La autoría compartida del proyecto y la decisión de la Cámara deben distinguirse del trabajo judicial que la norma regula: son los tribunales quienes aplican esas reglas en cada expediente.
La audiencia también admite que una parte se oponga a la apertura a prueba. El juez debe escuchar a la contraparte y resolver lo procedente. Si todas las partes manifiestan que no tienen prueba por producir, o que alcanza con las constancias y documentos incorporados sin cuestionamiento, el Código permite que la causa quede concluida para el pronunciamiento definitivo.
Una vez producidas todas las pruebas, o cuando las partes renuncian a las que siguen pendientes, el período probatorio puede cerrarse antes de su vencimiento. La audiencia preliminar y ese cierre pertenecen a momentos distintos, unidos por una misma delimitación: qué hechos necesitan acreditarse y qué actuaciones fueron admitidas para hacerlo. El expediente continúa luego hacia las instancias previstas para la decisión judicial.